Después de las elecciones – Samael HERNÁNDEZ RUÍZ

Por Samael HERNÁNDEZ RUÍZ.

La jornada electoral terminó con el resultado, nada sorpresivo, del triunfo de la coalición PRI-PVEM-PANAL en la elección para gobernador. La primera reacción fue la del gobernador Gabino Cué, quien afirmó que la democracia habría triunfado en Oaxaca. La segunda reacción fue la de los integrantes del CREO quienes no reconocen el triunfo de Alejandro Murat.

En el gobierno del estado, las caras largas expresan la desilusión, algunos, buscando culpables de la derrota de José Antonio Estefan Garfias buscan culpables y el PAN es su villano favorito, porque piensan que los abandonó a su suerte.

En el PRD los viejos militantes buscan la explicación en un fraude electoral cibernético. El bloqueo masivo de teléfonos celulares de partidarios del CREO y funcionarios del gobierno del estado, además del “raro” comportamiento de las estadísticas electorales les dan indicio de que algo huele mal.

Lo anterior, siempre en el marco de la explicación de militantes del PRD, no puede desligarse del sorpresivo salto de MORENA, partido que, de casi nada, obtuvo en estas elecciones el 22.81 % de los votos, muy cerca de la coalición PRD-PAN, que obtuvo el 24.96 %.

Un análisis más cercano a la realidad, mostraría que la coalición CREO no logró tener presencia efectiva en todas las casillas electorales, lo que, de ser cierto, mostraría debilidad en la organización de los partidos del CREO.

En el caso de MORENA, se afirma que el apoyo del magisterio logró el sorpresivo despegue de ese partido. Que se crea esto conviene a Andrés Manuel López Obrador, quien así se gana la confianza de los maestros, cuyo sindicato no encuentra la puerta de salida a su crisis actual, y así, los puede poner a trabajar como activistas en todo el estado, lo cual tendría un impacto importante en el 2018.

Lo que no debe perderse de vista es el descontento social y la presión de la crisis económica sobre los más vulnerables. En todo esto, la clase media desatendida es la que difunde el miedo y la necesidad de protestar.

Los maestros son clase media y quienes mayor claridad podrían tener de la situación del estado y del país, sobre todo en las zonas rurales y marginadas.

En todo esto, los grupos radicales encuentran condiciones favorables para engrosar sus filas, sobre todo si la represión contra el magisterio se torna virulenta.

MORENA podría coadyuvar a crear un clima propicio para el provecho de grupos radicales si deja que sus bases y aliados se desboquen en Oaxaca en Oaxaca, entre estos últimos, algunos grupos de la Sección 22.

El ambiente tenso en Oaxaca, causado por la combinación de desesperanza en la pobreza y la desilusión provocada por los partidos políticos, provoca que algunas organizaciones se incorporen a la movilización contestataria; pero, a diferencia de Chiapas donde las organizaciones sociales ven en el EZLN un escudo protector, en Oaxaca los actores sociales no ven en las organizaciones armadas una opción viable, pero si a MORENA.

El conflicto en Oaxaca es un mal endémico: quienes protestan porque tienen en verdad problemas, lo hacen junto a quienes solo quieren recursos públicos para sus clientelas o quienes quieren posicionarse para la elección que viene. Como quiera que se vea, Oaxaca vivirá oleadas de protesta en lo que queda de este año y sobre todo en el 2017. Lo anterior se explica porque el conflicto es la expresión de la pobreza y la exclusión, pero también porque hay un componente político que exacerba los ánimos, nos referimos a las próximas elecciones federales del 2018 y a la lucha por la candidatura presidencial sobre todo en el PRI y en el PAN.

Estas oleadas de protesta y de confrontación política podrían ser el impulso que necesita la CNTE en Oaxaca para volver a adquirir protagonismo.

En efecto, la estrategia magisterial de: Movilización-Negociación-Movilización (M-N-M), funcionaba en el corto plazo, en ciclos anuales, para los cuales las fuerzas y la capacidad de movilización del magisterio estaban calculadas y programadas, sacarlas del ciclo anual implicaba entrar a un mundo incierto, como en el 2006.

La M-N-M operaba con base en el primer impulso de la movilización; pero la fuerza que catapultaba era la negociación, elevaba la moral de las bases y empujaba a la siguiente fase de movilización. El ciclo anual en el que operaba esta estrategia se “anidaba” en un ciclo mayor de cada cuatro años, que era el período para la renovación de la dirigencia de la Sección 22. Este ciclo mayor, de cada cuatro años, daba nuevo impulso al magisterio al tensionar las fuerzas al interior del MDTEO y expresarse explosivamente una vez constituida la nueva dirigencia.

Este ciclo de cuatro se “anidaba” a su vez en un ciclo sexenal que es el de la renovación de los poderes en el estado de Oaxaca. Este ciclo, como ahora, coincidía en ocasiones con la renovación de la dirigencia estatal de la S22 y le inyectaba energía adicional al MDTEO, hoy no ocurre esto.

La estrategia de M-N-M, fue rota con la creación del nuevo IEEPO, pero sobre todo con la negativa de los gobiernos tanto federal como estatal de sentarse a negociar con la S22, esto le quitó al movimiento magisterial el efecto de catapulta de las negociaciones y se han visto en problemas para mantener el ciclo anual de movilizaciones, porque su horizonte temporal se volvió incierto.

Esto deja a la S22 con sólo una salida: utilizar la fuerza de la protesta endémica en Oaxaca, para treparse en la ola que les dé un nuevo impulso. Si consideramos lo anterior, veríamos ciertas coincidencias entre la S22 y MORENA, ambos movimientos podrían nutrirse de la conflictividad de Oaxaca.

Una eventual ampliación y fortalecimiento de las políticas de desarrollo social en Oaxaca podría reducir la conflictividad y evitar que la violencia nos ahogue.

Las consideraciones anteriores, llevan a considerar que el gobierno del estado en ciernes, deba tener al menos cinco ejes de acción estratégicos: integrar el gabinete del ejecutivo con personas cuyo perfil responda a un plan de gobierno y evitar las cuotas a cuates; actuar con honestidad y transparencia en el manejo de los recursos, aplicar la ley y no negociarla, ampliar y profundizar los programas de desarrollo social y combate a la pobreza y finalmente, actuar bajo la guía de una agenda de riesgos para la gobernabilidad y con ello prever, resolver o controlar los efectos del conflicto para la sociedad y para el propio gobierno.